Los niños, niñas y adolescentes son objeto de todo tipo de violencia y vejámenes en este país a diario. Esto sin que la justicia pueda hacer valer “el interés superior” de esta población, o tan siquiera que la sociedad exija de manera contundente que los casos sean resueltos de manera eficaz por parte de las autoridades.
Desde la Fundación Red, lamentamos profundamente la muerte de SC, una niña de 12 años de edad que fue víctima de diversas formas de violencia y su fallecimiento fue resultado de una serie de agresiones, que se encuentran en investigación por parte de las autoridades en Risaralda. Expresamos nuestras condolencias a su familia, y todo el apoyo a la Fundación Feminicidios Colombia que, con valentía, exige a las autoridades un actuar rápido, diligente y que se haga justicia en este atroz feminicidio. Su deseo, como en nuestro, es que este no sea uno más del 98 % de los casos que se quedan sin resolver y en total impunidad.
Como parte de nuestro actuar, hacemos un llamado a las autoridades a la pronta resolución de este y demás casos de violencia contra los menores edad, porque a sabiendas de la congestión judicial, todos los delitos contra esta población deben ser tratados con total diligencia y rapidez. No podemos esperar a que sean divulgadas imágenes escabrosas o que las víctimas tengan una posición social destacada para desplegar todos los recursos en investigación y judicialización. Todas las víctimas merecen justicia y reparación oportuna. No es posible que los agresores y/o sus defensores sigan esperando que los casos se archiven o que los términos venzan, con la certeza que no pasará nada y que solo será cuestión de tiempo para que la víctima sea un número más, en un país en el que los derechos no son más que un texto bien escrito, sin coherencia en los estrados judiciales.
También invitamos a toda la sociedad a que no cierre los ojos, cambie de acera o ignore lo que sucede en las calles y espacios públicos de nuestro país. SC era explotada sexualmente en un sector donde confluyen las instituciones de gobierno, sin que las autoridades ni la sociedad hiciera nada por ella ni por los y las demás menores de edad que allí se encuentran. Sus agresores no solo callaron su voz, sino que la cotidianidad hizo que nos acostumbremos como país, a que muchos niños, niñas y adolescentes sean victimizados de muchas formas, sin que nos duela, a menos que sea un menor de nuestra familia. Es evidente que, como sociedad, el miedo y la costumbre hizo que nos duela menos y que permanezcamos en silencio ante estas situaciones.
Por Sarai y por todos los niños, niñas y adolescentes que están siendo maltratados, agredidos, vulnerados, explotados, unamos nuestras voces para exigir al Estado y al sector Justicia que implemente acciones para que todos los casos de violencia contra los menores de edad sean resueltos, utilizando mecanismos similares al Fast Track. Esto porque para detener el delito, es necesario condenar de manera ejemplar a los agresores. Ni una más, pues si agreden a una, agreden a todas.
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