La Fundación Red celebra la sanción y entrada en vigencia de la Ley 2081 de 2021, norma que declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, cometidos en menores de 18 años, siendo ese un mensaje claro al sistema judicial y a la importancia de promover la denuncia, es una invitación a las víctimas a no callar.
¿Qué es la prescripción de la acción penal? Es la imposibilidad de ejercer una acción judicial penal contra la persona que ocasionó el daño después de un tiempo determinado. En delitos sexuales, la víctima no podía ejercer la acción penal o denunciar por el paso del tiempo, imposibilitando así, que el Estado sancionara los delitos sexuales, siendo esta una forma con la que los abusadores se salían con la suya.
¿Qué beneficios genera esta ley? Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual y el delito de incesto, cometidos en menores de 18 años, la acción penal será imprescriptible; lo que significa que las víctimas de delitos como el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, podrán denunciar en cualquier tiempo y será obligación del Estado, investigar, imputar y castigar a los agresores, sin importar, cuando ocurrieron los hechos.
Desde la Fundación Red, celebramos ampliamente la expedición de esta norma, puesto que es una forma de reivindicar los derechos de las víctimas, particularmente, en la reparación y el demostrarles que su voz fue escuchada, tuvo un eco y una respuesta coherente a lo sucedido; porque el abuso no prescribe ni en el cuerpo, ni en la memoria de la víctima, por tanto, es más que justo, que el victimario, también sea juzgado en cualquier momento por su reprochable acción.
Es responsabilidad del Estado y la sociedad asegurar el derecho que tienen las víctimas de denunciar, no es posible negarles este derecho, asunto que va más allá del nivel de eficiencia de nuestro sistema judicial, se trata entonces de defender sus ideales y darle a las víctimas el lugar de protección que merecen; el reto ahora es para la rama judicial, es su deber atender todas las denuncias en debida forma, asegurando prontitud y eficiencia en la investigación, y, nuestro desafío como sociedad es romper las barreras y eliminar juicios que cuestionan a las víctimas acerca de su revelación, de los hechos y del porqué ahora y no antes; no se trata de juzgar a quien ha vivido este horror, sino de escucharle y acompañarle para que su pedido de justicia y sus ideales no se apaguen.
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